El día lunes 20 de agosto del 2018, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, desde la Gobernación de la provincia de Petorca, dio a conocer un conjunto de 28 medidas que forman parte del denominado “Plan Agua para Petorca”.
La iniciativa del gobierno de Piñera, encabezada por el subsecretario Palacios, tiene una inversión del orden de 15.600 millones de pesos, y estará focalizada en tres ejes prioritarios de intervención: Gestión del agua, Fiscalización y autorregulación, y fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural.
En el marco del lanzamiento del “Plan Agua para Petorca”, el subsecretario señaló: “en esta zona no sólo ha habido escasez de agua durante muchos años, sino que también escasez de presencia del Estado y muchas veces del Estado de derecho. Por eso comenzamos con fiscalizaciones masivas para poder ordenar la casa, porque de nada sirve hacer un esfuerzo si es que no estás en consonancia con una serie de otras acciones”.
Respecto a lo anterior, queremos señalar lo siguiente:
El “Plan Agua para Petorca”, es el resultado de las sugerencias de la mesa público/privada creada por el gobierno en la provincia de Petorca, mesa integrada por funcionarios del Gobierno Regional, y por representantes del gremio paltero denominado “Agropetorca”, y en cuyo seno existen empresarios que son responsables de usurpar y lucrar con el agua del territorio. Por esta razón nuestro primer cuestionamiento dice relación con la falta de legitimidad de este espacio y su evidente carácter excluyente, ya que deja afuera a los principales afectados: toda la comunidad, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil que hemos denunciado por años la grave situación hídrica provincial.
En relación a los ejes de la intervención:
a.- Gestión del agua: Focalizada en catastro de derechos, disponibilidad de aguas, monitoreo de los niveles de los acuíferos, debemos señalar que si bien esta información es necesaria, no se requiere solo un catastro de los derechos, como venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Nos parece fundamental realizar un balance hídrico por cuenca, para determinar superficies plantadas versus derechos de agua legalmente constituidos y, a partir de estos resultados, impulsar una política de ordenamiento territorial. Dicha política debe, en primer lugar, priorizar el agua para salvaguardar la vida de las comunidades y, a renglón seguido, para las actividades productivas, limitando el cultivo de paltos a suelos con aptitud de cultivo; es decir, frenar el establecimiento de este cultivo en suelos de cerro. También, deberían implementarse pozos de monitoreo en las zonas de conflicto, para identificar “anomalías” en los escurrimientos subterráneos.
En el ámbito de la gestión del agua se señala la declaración de zonas de prohibición en los acuíferos La Ligua y Petorca. Hasta ahora, este tipo de decretos solo han servido para destinar recursos para la compra de estanques, bonos, aljibes, cuando, de lo que se trata, es de terminar con la sobreexplotación de los acuíferos. ¿Sabe la autoridad de gobierno en cuanto están sobre otorgados los ríos Ligua y Petorca? Para nosotros resulta imperativo restringir la extracción de agua, dado que los acuíferos de la provincia de Petorca se encuentran en proceso de agotamiento, y su operación no es sostenible. El río Petorca fue declarado en restricción el año 1997 y el río Ligua el año 2004, por ende, el primer paso debería ser revocar todos los derechos de aprovechamiento de aguas asignados después de las respectivas declaraciones de zonas de restricción, parece obvio ¿no?
b.- Fiscalización y autorregulación: De esto ya hemos sido profusamente informados, y el subsecretario lleva meses hablando de “extracción ilegal de aguas”, en los operativos de fiscalización. Ahora anuncia acciones de fiscalización satelital, mediciones, control, formalización de las juntas de vigilancia, de las comunidades de aguas subterráneas, incluso, implementación de fono denuncias.
A nuestro juicio la fiscalización puede tener sentido siempre que se ponga en el centro de las mismas a los que por años son denunciados por usurpar agua. Que esto no sea una argucia para intentar empatar la cancha y perjudicar a los pequeños agricultores. Sobre juntas de vigilancia, lo volvemos a sostener, son profundamente anti-democráticas y excluyentes, las mismas se estructuran en torno a derechos de agua, y las prelaciones directivas se construyen desde arriba hacia abajo, es decir, el que más derechos de agua tiene es el que “manda”, y la población que no tiene derechos de agua queda excluida de cualquier decisión que se adopte sobre los acuíferos. Entonces, lo democrático sería correr el cerco, e impulsar un programa de gobernanza que incluya a toda la comunidad.
En términos técnicos se anuncian fiscalizaciones con mediciones de flujo, las que son inexactas y pasarían a ser un nicho de negocio para quien instale dichas mediciones. Todos esos recursos, de forma técnica, se sugiere en piezómetros para la medición de niveles, sondajes para la caracterización geológica (perfiles verticales de las formaciones) y complementar con geofísica para tener nociones del basamento rocoso y los estratos.
Todos los elementos mencionados son complementos para un modelo numérico que represente el acuífero, generando una herramienta que se actualiza en el tiempo, y se basan en la hidrología como ciencia, en circunstancias que la misma no necesariamente refleja la realidad física del acuífero, sino que es de carácter probabilística, por lo que tiende a ser más imprecisa.
c.- Gestiones para mejorar el funcionamiento de los APR: Sin duda, las fuentes comunitarias de agua han sido las más perjudicadas por las impropias prácticas de usurpación de aguas. Aquí el gobierno anuncia catastros, inversiones, alternativas de abastecimiento, instalar oficinas de agua, regularizar derechos de agua, e incluso comprar agua.
Sostenemos que es fundamental fortalecer los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, dotarlos de herramientas técnicas y financiamiento para mejorar sus capacidades. Sin embargo, el foco central es cautelar que estas fuentes de agua no sean objeto de usurpación, esto es, que sus aguas no sean robadas ni cooptados para profundizar el modelo de negocios con el agua. El gobierno anuncia que, de ser necesario, va a comprar agua para mantener el funcionamiento de los APR y, nos preguntamos, ¿a quien les va a comprar el agua? ¿a los mismos responsables de dejar sin agua a las comunidades? Y si esta es su preocupación, ¿porque no ejerce las facultades expropiatorias que tiene el propio código de aguas, en situaciones de privación de agua de las comunidades? O, de otro modo, ¿por qué no se revocan los derechos concedidos posterior a la fecha de restricción de los acuíferos?
Al finalizar, es evidente que el gobierno centra su política en la disponibilidad del agua y, si bien, el conflicto tiene al agua como el elemento central, el problema de fondo es la devastación del territorio producto del despojo, así como la invisibilización de los distintos modos de vida, lo que tiene como expresión más dramática la ausencia de agua para la vida. Los esfuerzos del gobierno de Piñera no abordan los problemas estructurales, nada dicen de la violación del derecho humano al agua, nada dicen sobre la destrucción de los identitarios culturales, territoriales; más bien lo que vemos, una vez más, es el esfuerzo contumaz de “legalizar el despojo”, “regularizar” los abusos en el territorio, y, colocados en este empeño, nuestra organización declara que seguiremos luchando, sin tregua ni pausa, hasta recuperar el agua para nuestras comunidades y territorios, nada más, pero también, nada menos.
MODATIMA,
21 de agosto del año 2018.
